Las recientes elecciones de la Corte Suprema, también conocidas como el TSA, han tomado un giro interesante con la intervención del Juez Zetty Bou Valverde. Este magistrado decidió mantener su tratamiento en la Elección en contra del presidente Rodrigo Chaves, lo que ha generado un revuelo en las actividades políticas del mandatario.
En el transcurso de la semana pasada, el presidente Chaves arremetió contra Bou, lo que suscitó interrogantes y llevó a Bou a desafiar la situación para encontrar una resolución adecuada. En respuesta a esto, el tribunal se pronunció y otorgó al presidente un plazo de 3 días para que responda al interrogatorio planteado.
Durante la tarde de la misma jornada, el tribunal comunicó que Chaves no proporcionó pruebas suficientes para demostrar que el juez Bou se haya visto afectado por causas que contravienen las regulaciones electorales. Esto ha llevado a una serie de interpretaciones y suposiciones en cuanto a la transparencia y legitimidad de la denuncia del presidente.
Además, el Tribunal Supremo también argumentó que la decisión de estudio debe ser considerada como un amparo no solo para un sheriff, sino aplicable a los cinco magistrados que han firmado la resolución al respecto. Esto subraya la complejidad de las interacciones y decisiones dentro del contexto judicial.
En un comunicado oficial, el tribunal explicó: «En este momento se asigna – estrictamente parte – la instrucción de archivo al sheriff, que en este caso es la Sra. Bou. Por lo tanto, la resolución del curso no tiene editor del sheriff, ya que se trata de un rendimiento plenario.» Esta declaración deja en claro que la materia en cuestión no debería ser tratada de forma unidimensional, dado que afecta a múltiples partes involucradas.
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El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, juró a Zetty Bou Valverde como magistrada del TSE en agosto de 2023 (sentencia)
En otro desarrollo, Chaves afirmó que se encontraba destinado al tratamiento de un amparo, pero sorprendentemente, un tribunal lo rechazó. Esto destaca la tensión existente entre el ejecutivo y el poder judicial en este momento.
Como se indica en el comunicado, «La verdad, que es verificable a la luz de los documentos públicos, implica que de los cuatro hechos examinados, tres son transcripciones literales proporcionadas por el Sr. Claudio Alpi, dejando el cuarto como una visión general de los dos primeros. Este es el nivel del documento originado por la apelación.”
Además, un tribunal había desestimado previamente otro desafío presentado por Chaves en relación con el magistrado Eugenia Zamora. El presidente argumentó que había observado una publicación en una red social del TSE que parecía favorecer a un partido específico.
Sin embargo, el tribunal refutó esta afirmación, aclarando que se trataba de una publicación del Departamento de Comunicación de TSE y no de su oficina presidencial. Se explicó que se trataba de una versión destinada a informar al público sobre los procedimientos de recursos de protección electoral en general, y no sobre un caso particular específico, lo que subraya la importancia de la neutralidad en los asuntos electorales.
Finalmente, se reafirma que el TSE está a cargo del procesamiento de todas las elecciones y también se encarga de condenar la amenaza o violación al derecho básico de sufragio, asegurando que las elecciones se realicen de manera justa y transparente.
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