Después de la realización del primer debate el pasado 31 de marzo, el cual se desarrolló en medio de divisiones y muchas incertidumbres en torno a las alternativas de varios delitos, un total de 22,834, 21 diputados optaron por remitir el tema a consulta con la Agencia Constitucional.
Esta propuesta tiene como objetivo fundamental mejorar la conocida ley 8,754, la que se enmarca dentro de la lucha contra el crimen organizado. Se busca así fortalecer la gestión de la controvertida jurisdicción, que comúnmente es referida como nuevas capitales, un término que ha generado diversas interpretaciones y opiniones en el seno del debate legislativo.
El proyecto se presentó por parte de la anterior administración, en concreto, como una de las iniciativas del ex-presidente Carlos Alvarado, quien dejó un legado polémico en lo que a legislación se refiere.
Varios grupos parlamentarios, tales como Pusc, Liberal Progresista, Nueva República y fallo, se han pronunciado firmemente en contra de esta consulta, resaltando así la falta de consenso en torno a la iniciativa. Esta marca la segunda ocasión en que el proyecto es enviado a la Sala IV, pues el año anterior, en septiembre de 2024, ya había sido aprobado en una primera discusión.
En esa oportunidad, el Partido Liberal Progresista (PLP) había destacado la necesidad de consultar con la sala, argumentando que la propuesta implicaba “la erradicación de un dominio oculto”, haciendo alusión a las implicaciones que puede tener una ley de tal envergadura. A su vez, los comisionados del condado señalaron que encontraron deficiencias en la estructura organizativa propuesta por el proyecto, no obstante, se establece que sí existe una estructura de gobierno, que podría dar pie a procesos de transferencia de quejas publicadas en los medios sobre los individuos involucrados en juicios previos.
En respuesta a estas observaciones, se advirtió que el contenido de la escritura legislativa es demasiado amplio e impreciso, lo que podría violar los principios de defensa y justicia, como señaló en octubre del año anterior.
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Eli Feinzaig del PLP ha sido crítico con el proyecto.
Modificaciones y seguimiento del proyecto
Cuando el texto regresó a la Asamblea Legislativa, fue sometido a revisión en el Comité Constitucional, que acordó llevar a cabo las correcciones sugeridas. Posteriormente, el documento fue enviado al Comité de Seguridad donde, tras ser gobernado, alcanzó el Ministerio Público (MP) para reiniciar el primer debate.
Este proyecto se centra principalmente en otorgar al ministerio público la capacidad de solicitar que un tribunal de gestión y civil adopte medidas cautelares destinadas a garantizar, recuperar, preservar o verificar los activos financieros y las tasas de interés involucradas. Esto implica que en casos de sospecha de delitos, particularmente relacionados con lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, se podrían congelar activos antes que se inicie una investigación formal.
Dicha facultad ha generado controversia, pues legisladores que se oponen al proyecto consideran que es extremadamente peligrosa. Se eliminó además cualquier umbral económico para considerar la posible congelación de bienes.
La diputada Pilar Cisneros, representante del partido oficialista, expone que, frente a la mera sospecha, sin una acusación formal, los activos pueden ser congelados. Este cambio de paradigma implica que la carga de la prueba se invierte de manera preocupante: ya no se parte de la presunción de inocencia, sino que las personas serían culpables hasta que demuestren su inocencia, sin un criterio claro acerca del umbral necesario.
Por su parte, Eli Feinzaig, del PLP, enfatiza que el proyecto presenta deficiencias significativas, subrayando que no hay un umbral establecido para la congelación de bienes y que, en consecuencia, se les otorgaría un plazo exiguo de tres días a las personas afectadas para demostrar el origen de sus propiedades en un periodo de hasta diez años.
Ahora, el país permanecerá a la expectativa de la respuesta de la sala ante la nueva consulta que se ha presentado.
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