El reciente rechazo a la propuesta de autocultivo de cannabis ha generado una amplia discusión en la sociedad costarricense. A pesar de los esfuerzos de los legisladores, como Danny Vargas, Francisco Nicolás y Alejandra Larios, así como la oposición del público representada por Daniel Vargas, el abogado presentó un argumento en contra del registro de 24,176. Este registro tenía como objetivo permitir que los ciudadanos se autoabastezcan de cannabis para su propio uso.
La iniciativa fue presentada por Ariel Robles, quien pertenece al Frente Amplio, en febrero de 2024. Su propuesta se centraba en autorizar el cultivo de la planta de cannabis con fines personales. En particular, permitía a los adultos legales cultivar hasta 20 plantas femeninas de cannabis en sus hogares. Este enfoque buscaba ofrecer a los ciudadanos una alternativa legal al acceso a esta planta, cuyo uso ha sido un tema debatido en el país durante años.
Sin embargo, la propuesta no obtuvo el apoyo necesario. Solo dos votantes, Rocío Alfaro y Johana Obando, la subsecretaria general independiente, se manifestaron a favor. La falta de respaldo suficiente ha dejado a la iniciativa en un limbo administrativo, ya que ahora requerirá una reconsideración o reestructuración para que pueda avanzar en los próximos debates legislativos.
El propósito principal del sistema de autocultivo propuesto era la lucha contra el mercado ilegal de las sustancias y la promoción de una política de salud pública más amplia. El legislador Robles enfatizó la importancia de que el estado implemente medidas que faciliten el autocultivo para proteger la salud de los usuarios, así como sus derechos humanos. Esta legalización del cultivo también tiene como meta brindarles seguridad a los ciudadanos al ofrecer una opción legítima para acceder al cannabis, en lugar de depender del mercado negro o farmacéutico ilegal.
A los defensores de la propuesta les preocupa que la actual prohibición del cultivo de cannabis en Costa Rica, establecida en el Artículo 58 de la ley sobre narcóticos y drogas psicoactivas, no solo limita el acceso, sino que también deja la puerta abierta a sanciones desproporcionadas. Aunque la ley prohíbe el cultivo, hay un vacío legal que podría ser explotado en caso de que un individuo decida cultivar para uso privado.
Dentro del marco del proyecto presentado, se detalló que cualquier persona que exceda el límite de 20 plantas podría enfrentarse a una multa que varía entre uno y cinco salarios básicos. Esto evidencia un enfoque punitivo hacia el autocultivo, lo que ha suscitado críticas por parte de los defensores de los derechos del consumidor y la necesidad de una reforma más integral en la legislación relacionada con el cannabis.
Siga más: Frente Amplio introduce una tarea para manejar el cannabis de autocultivación
