Con la reciente aprobación en el segundo debate del archivo 24.334, se marca un hito significativo que tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de las comunidades rurales en todo el país. Esta ley, impulsada por el diputado de Sancarleño, Joaquín Hernández, representa un avance considerable en el enfoque hacia el desarrollo rural y el bienestar de los habitantes de estas áreas.
La nueva legislación permitirá al Instituto de Desarrollo Rural (IDR) canalizar recursos de manera directa a numerosas organizaciones locales, incluyendo fritas, asociaciones de desarrollo, cooperativas, y otras entidades territoriales. Estas instituciones están encargadas de llevar a cabo proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de sus residentes. Este tipo de inserción directa refleja una respuesta adecuada a las realidades y necesidades particulares de cada comunidad, creando un enfoque más inclusivo y efectivo.
La iniciativa fue presentada el año anterior y recibió un apoyo considerable de los delegados en la compensación legislativa, quienes entendieron la relevancia de transformar esta propuesta en una Ley de la República. La normativa ofrece nuevos instrumentos que facilitan la promoción del desarrollo integral y sostenible en áreas que han sido históricamente marginadas, lo cual es un paso crucial para abordar las disparidades regionales en el país.
Durante su presentación, Hernández subrayó que el principal objetivo al canalizar recursos de manera efectiva es empoderar a quienes realmente conocen las necesidades de sus regiones. «Nadie mejor que las comunidades mismas para saber qué trabajos necesitan y cómo ejecutarlos», enfatizó el legislador, destacando así la importancia del rol que juegan las propias comunidades en el proceso de desarrollo.
La nueva legislación no solo abre la posibilidad de que las organizaciones comunitarias accedan a fondos directos sin requerir intermediarios, evitando así retrasos innecesarios, sino que también simboliza un cambio de paradigma en la administración de recursos públicos destinados al desarrollo rural. Es esencial que se mantenga un marco de control y responsabilidad para asegurar el uso adecuado de estos fondos, lo que implica que las organizaciones beneficiarias deben cumplir con ciertos requisitos relacionados con la transparencia y la capacidad operativa, tal como se detalla en el texto aprobado.
A lo largo de las discusiones sobre el proyecto, varios delegados enfatizaron la importancia de empoderar a las comunidades rurales, las cuales frecuentemente enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan la ejecución de proyectos fundamentales, como la construcción de acueductos, carreteras, centros comunitarios o sistemas de riego. Hernández expresó su agradecimiento a sus colegas por el apoyo brindado, afirmando: «Gracias por comprender que la inversión en el desarrollo rural no es un gasto, es una inversión social y económica que beneficia a todo el país».
Este nuevo marco legal es el resultado de un proceso de escucha activa a las comunidades y responde a una necesidad histórica. «No es una ley de escritorio, es una ley nacida del área, de la lucha de las comunidades que ha estado haciendo mucho con poco durante años», afirmó Hernández.
De aquí en adelante, se espera que en los próximos meses se comiencen a elaborar las pautas y procedimientos requeridos para la implementación de esta nueva facultad, priorizando las áreas con mayores índices de rezago social y económico. La aprobación de esta ley representa un avance en la dirección de una descentralización efectiva en Costa Rica, promoviendo una participación activa de las comunidades en su propio proceso de desarrollo y fortaleciendo la colaboración entre el estado y los actores locales.
