La reciente sesión legislativa, que tuvo lugar el pasado jueves, resultó en la aprobación, durante el primer debate, de una significativa lista que incluye un total de 24,379 iniciativas. Entre ellas se destaca el Proyecto Público de Cisneros de Pilar, el cual tiene como principal objetivo endurecer las sanciones impuestas a aquellas personas que causen daño a la fuerza policial técnica. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia dirigida a mejorar la lucha contra el contrabando de drogas.
En este contexto, es importante mencionar que la instalación de escáneres se ha llevado a cabo en diversas terminales APM y estaciones fronterizas. Además, se han incorporado drones y otros dispositivos electrónicos que son utilizados por las autoridades, lo que refuerza su capacidad para combatir el tráfico de sustancias ilegales. La implementación de esta tecnología se considera un paso crucial para modernizar las herramientas disponibles en la lucha contra el narcotráfico.
A la votación acudieron un total de 43 diputados, lo que significa que el apoyo a este proyecto es firme y está un paso más cerca de su finalización legislativa. Esto marca un avance importante en la lucha contra el crimen organizado, que ha sido un problema persistente en muchos países de la región.
El segundo debate para este proyecto de ley está programado para el próximo jueves 22 de mayo, lo cual permitirá a los legisladores discutir más a fondo los detalles y posibles implicaciones de las nuevas sanciones propuestas.
Este proyecto fue anunciado en junio del año anterior y rápidamente se presentó ante el Comité de Seguridad, donde fue dictaminado a principios de diciembre. Este proceso demuestra la urgencia y la seriedad con la que se está tratando la cuestión del contrabando de drogas en el país, lo que refleja un compromiso por parte de los legisladores para abordar este problema crítico.
En términos de las sanciones, originalmente se proponía que las penas de prisión variaran de dos a cuatro años para quienes cometan estos daños; no obstante, se aprobó un texto alternativo que establece que las sanciones se podrán imponer en un rango de 1 a 4 años de prisión. Esta modificación busca balancear las consecuencias legales con la realidad de las infracciones cometidas.
Es importante destacar que lo que se busca con este proyecto es reformar el artículo 229 del Código Penal, específicamente añadiendo un nuevo párrafo que establece lo siguiente:
«Cuando el daño es contra la policía o la electrónica utilizada en la lucha contra el contrabando de drogas y el crimen organizado».
Verifique más: El Comité de Seguridad apoya las sanciones para aquellos que dañan los escáneres o los equipos de contrabando de drogas
El proyecto es de Pilar Cisneros, otro que aprobaron el jueves. (Archivo/la foto del observador)
