En la Ciudad de México, el 10 de mayo, se registró un evento significativo relacionado con algunas recientes revelaciones mediáticas. Estas «filtraciones de televisión» han puesto de relieve lo que se considera una «fábrica de mentiras» que manipularía la información y llevaría a cabo campañas de desprestigio en el ámbito televisivo. El experto en derechos humanos, Mariclaire Acosta Urquidi, ha subrayado la necesidad urgente de iniciar una investigación independiente al respecto, señalando que estos hallazgos son demasiado graves como para dejarse pasar por alto. «Sería esencial que el Congreso designara a una comisión independiente para que supervise el caso bajo la mirada de organismos internacionales como la ONU», afirmó Acosta.
A finales de abril, un documento que supuestamente involucra a la mayor red de televisión hispanoamericana, mostró que esta empresa estaría produciendo contenido con el objetivo de difundir noticias falsas y llevar a cabo ataques contra adversarios políticos y económicos. Acosta, que ha sido parte de organizaciones de gran renombre como el Consejo de Relaciones Exteriores y el Diálogo Interamericano, destacó que en el horizonte político de México, la elección programada para el 1 de junio es un momento crucial que podría verse afectado por estas revelaciones.
El historial del poder judicial mexicano en situaciones de esta naturaleza es lamentable, como lamentó Acosta, quien ha liderado la Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos. Recalcó que la oposición en el Congreso ha sido poco vocal, enfocándose más en evitar reformas a la nueva ley de telecomunicaciones propuesta por el gobierno que se perciben como censura.
«Los únicos que han abordado el tema son analistas independientes y periodistas, como Carmen Aristegui, quien ha sido víctima de campañas deliberadas por parte de Televisa», explicó Acosta, señalando que los medios de comunicación más tradicionales han sido remisos en cubrir el escándalo, dejando que sea la prensa internacional la que lo siga con atención.
Este silencio, según Acosta, deja a la ciudadanía en una posición vulnerable frente a un sistema que parece estar manejado por intereses de poder y manipulación. «Estamos a merced de Televisa y de individuos ambiciosos que operan en la sombra, sin rendir cuentas», lamentó.
La situación tomó un giro más dramático el 28 de abril, cuando un equipo de investigación liderado por el portal de noticias de Aristegui dio a conocer una serie de videos que documentan cómo Televisa ha utilizado «información sistemática» para favorecer intereses políticos. Esta filtración, conocida como las «filtraciones de Televisa», se basa en un archivo masivo de cinco terabytes que incluye intercambios en chats, videos y documentos, revelando las acciones de un grupo dentro de Televisa denominado «palomar».
Este equipo es dirigido supuestamente por Javier Tejado, el vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa, y sería responsable de llevar a cabo campañas de desprestigio hacia los opositores. Los informes indican que Televisa estuvo involucrada en la campaña en redes sociales del exministro Arturo Zaldívar para acceder a la presidencia de la Suprema Corte, ahora asesor legal del gobierno.
Documentos de esta tremenda filtración también sugieren que la empresa habría participado en la creación de acusaciones falsas de abuso sexual contra el magistrado Jorge Arturo Camero, entre otros casos destacados. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha hecho un llamado a una reforma integral del marco legal mexicano con el fin de fortalecer la protección de las personas que exponen corrupción y abusos de poder.
El 6 de mayo, la R3D sostuvo que el escándalo actual necesita ser tomado en serio y que las denuncias sobre la manipulación mediática y el modus operandi del grupo «Palomar» no deben ser ignoradas. En México, la falta de un marco legal suficiente deja expuestos a quienes intentan señalar estas irregularidades.
Un empleado de Televisa, Germán Gómez, quien trabajó en la compañía desde 2017, informó que durante ocho años editó videos falsos para perjudicar a oponentes políticos y creó cuentas ficticias para atacar a periodistas. Como lección de estos sucesos, la R3D ha subrayado que estas revelaciones demuestran la vulnerabilidad de aquellos que eligen hablar y poner en riesgo su bienestar personal.
El enojo de Televisa se tradujo en ataques virulentos contra Gómez, acusándolo de robo y difamación. «Su estrategia fue atacar al mensajero en lugar de atender lo que realmente importa», afirmaron desde R3D.
La organización Artículo 19 ha documentado que la intimidación y el acoso se han convertido en las tácticas más comunes contra los periodistas, lo que sólo empeora la situación para quienes osan hacer su trabajo. Gómez, además de enfrentar esta presión sobre su vida personal y laboral, tiene deudas relacionadas con tratamientos psiquiátricos debido a la tensión que ha sufrido al destapar todo este caso.
La red argumenta que las autoridades deben ofrecer más protección a quienes se atreven a hablar y facilitar la exposición de corrupción, ya que en sus manos se encuentra el interés público. En muchas ocasiones son tratados como los villanos de esta historia, lo que sólo disuade a otros de dar el paso de exponer irregularidades.
En su lucha por una nueva legislación, la R3D ha señalado ejemplos de otros países, como Irlanda, que han efectivamente reducido la corrupción al implementar leyes que protegen a quienes hacen denuncias. Esta inversión en legislación es guiada por el deseo de crear canales seguros para que se entregue información a las autoridades y a los medios.
Los enfoques sugeridos incluyen el establecimiento de sanciones para aquellos que intimiden o calumnien a quienes denuncian. Además de proporcionar un fondo estatal dedicado a cubrir la protección física y psicológica de los denunciantes. A su vez, resaltan la importancia de evitar la criminalización de aquellos que exponen información de interés público.
En el ámbito de la libertad de expresión y los derechos humanos, se argumenta que la sociedad debe proteger aquellas voces que traen a la luz información perjudicial para el statu quo. Sin embargo, las estructuras de poder presentes en el país han demostrado ser hábiles en desviar la atención de estas problemáticas y atacantes en lugar de buscar verdad y responsabilidad. Zaldívar, expresidente de la Corte Suprema, ha salido al paso de estos informes, argumentando que cuentan con una carta que desmiente las acusaciones.
Finalmente, Mariclaire Acosta Urquidi concluyó que, dada la falta de declaraciones de la clase política y de las entidades que podrían abordar la situación con seriedad, la verdadera esperanza de desenredar este lío podría descansar en organismos internacionales que vigilen la situación.
