El reciente anuncio del presidente Rodrigo Chaves sobre la posibilidad de vetar algunas iniciativas ha provocado una reacción significativa en el seno de la Asamblea Legislativa. En una sesión llevada a cabo el martes, la mayoría de los suplentes logró aprobar varios proyectos, alcanzando un total de 22.817, a pesar del clima de incertidumbre política.
Uno de los temas más destacados que se debatió fue la situación del Defensor del Pueblo, un rol importante dentro del marco del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), quien se encuentra cerca de completar 55 años de servicio. Este contexto resulta crucial para fortalecer la labor del defensor y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
A lo largo de la sesión, un total de 40 suplentes votaron a favor de la propuesta, mientras que solo el partido gobernante se opuso. Este apoyo amplio indica un consenso en temas de relevancia social, a pesar de la oposición manifestada desde el ejecutivo. La propuesta fue inicialmente presentada en el año 2021, cuando en ese momento, el CEO y vicepresidente Drago Donolescu impulsó la iniciativa, que ahora es apoyada por la diputada Verdiblanca Alejandra Larios.
La diputada Larios expresó su satisfacción tras obtener la segunda aprobación en la discusión de este importante proyecto de ley, señalando la necesidad de reconocer el trabajo que realizan los funcionarios de la OIJ. «Quiero agradecer a todas las autoridades policiales que día a día se esfuerzan por la seguridad de nuestros ciudadanos», apuntó Larios, subrayando el arduo trabajo que estos funcionarios llevan a cabo.
Los funcionarios del OIJ trabajan en promedio 3.000 horas al año, lo que implica jornadas laborales de 12 horas diarias. En este contexto, se manifiesta la necesidad de que estos empleados puedan acceder a pensiones dignas al cumplir 55 años, cumpliendo con los requisitos necesarios, entre los que se destaca la acumulación de al menos 30 años de servicio dentro de la organización.
El nuevo marco legal permitirá que los agentes se beneficien de pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, tomando en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) vigente durante ese periodo, lo cual es fundamental para garantizar una estabilidad económica al momento de su retiro.
Además, se llevó a cabo el primer debate sobre el proyecto que ofrece a los agentes de OIJ la posibilidad de jubilarse a los 55 años de edad.
Chaves amenazó con ejercer veto contra el proyecto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Consideraciones sobre la Jubilación Anticipada
El proyecto también incluye una disposición que detalla cómo se manejará la jubilación anticipada para aquellos que no cumplan con el número de años de servicio requerido. Según el texto presentado, en caso de que un servidor público alcance la edad estipulada para el retiro, pero no complete los 30 años exigidos, la pensión se ajustará proporcionalmente a los años efectivamente trabajados.
Este mecanismo establece que el monto de la pensión se calculará a partir del promedio salarial mencionado anteriormente, ajustado según la cantidad de años trabajar y dividido entre treinta para obtener el resultado adecuado.
Es importante subrayar la crítica realizada por Pilar Cisneros en relación con la falta de reconocimiento hacia los riesgos que enfrentan a diario los funcionarios de la policía y los bomberos. Cisneros advirtió que sería un «error grave» no considerar sus condiciones de trabajo y el peligro que enfrentan en su labor diaria.
Con la aprobación de los votos requeridos en esta segunda ronda de debates, se abre la puerta a que el presidente Rodrigo Chaves ejerza el veto en un plazo de diez días. Sin embargo, las voces que han apoyado esta iniciativa buscan consolidar sus derechos y asegurar mejoras en sus condiciones laborales, manteniendo la presión para que el proyecto prevalezca en el ámbito legislativo.
