En la capital panameña, Ciudad de Panamá, el 1 de mayo, ha tenido lugar un importante evento. Líderes políticos junto a representantes de la Sociedad Civil de Panamá se han reunido para formalizar su oposición a un memorando de entendimiento que han calificado de atacado a la soberanía del país. Este documento, que se considera en contradicción con la Constitución, ha generado un amplio debate dentro de la esfera política y social de la nación.
El acto culminó en la firma de un manifiesto titulado «Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía», que incluye seis exigencias dirigidas al Gobierno. Entre sus principales puntos, se destaca una solicitud para que cualquier acuerdo relacionado con el canal, el cual modifica o quebranta el régimen de neutralidad, sea tratado a través de la Asamblea Nacional, y que se someta a un referéndum, según lo previsto en el Artículo 325 de la Constitución Panameña.
Entre los firmantes se encuentra Martín Torrijos, ex presidente de la República y líder del movimiento Otro Camino, así como Ricardo Lombana, un conocido dirigente político. También estuvo presente Crispiano Adames, un diputado del Partido Revolucionario Democrático, quien se destacó como el único parlamentario activo en la reunión, además del actual Visealcalde de Panamá, Robero Ruiz Díaaz.
Martín Torrijos, en sus declaraciones, enfatizó la relevancia histórica de la lucha de Panamá por la recuperación del control del canal y advirtió sobre el revés que representa la reciente firma de este memorando por parte del Gobierno de Mulino. «La mejor defensa que tiene Panamá, y el canal, es su neutralidad», afirmó Torrijos, subrayando que esta es, de alguna manera, comprometida con estos acuerdos.
El manifiesto también convoca a la población a unirse en la constitución de un frente unido ante las amenazas que enfrenta el país, sugiriendo que se debe recurrir a la diplomacia y el multilateralismo. La meta es fortalecer las relaciones en los organismos internacionales a fin de obtener apoyo para la causa nacional.
Esta firma toma lugar en un contexto marcado por el desempleo entre los docentes y la cesación de trabajos en la construcción, donde muchos también están en contra del memorando. Recordaron la Ley 462, que reforma el Fondo de Seguridad Social, así como la oposición a la posible apertura de una mina en Donoso, que también ha suscitado descontento social.
A lo largo de los últimos meses, la Casa Blanca ha llevado a cabo una campaña que sugiere una supuesta «interferencia china» en la administración del canal y sus puertos. Esta situación ha incrementado la presión sobre varios funcionarios de alto rango que ahora respaldan las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la reactivación de rutas interoceánicas, agregando otra capa de complejidad a un panorama político ya tenso.
