Recientemente, la Comisión Legislativa ha tomado una decisión crucial al rechazar el documento 24,405, que proponía la eliminación de una ley establecida por la Agencia Espacial de Costa Rica. Este rechazo es el resultado de una segunda oportunidad que se le ha brindado a la Legislatura para discutir esta iniciativa. Previamente, en el año 2024, se había presentado un proyecto similar por parte del exdiputado liberal progresista, Jorge Dengo, que también abogaba por el cierre de la agencia espacial costarricense.
Esta vez, la nueva propuesta fue presentada por Cynthia Córdoba, quien desempeña el rol de CEO adjunto independiente. Córdoba ha presentado un plan que se asemeja mucho al de Dengo, planteando nuevamente la disolución de la agencia espacial. A pesar de que este punto de vista no logró resonar favorablemente entre los legisladores en esta ocasión, la situación brinda un panorama interesante sobre las prioridades legislativas y el futuro de la exploración espacial en el país.
Por otro lado, la Agencia Legislativa emitió un dictamen positivo respecto al documento 24,383, que fue propuesto por el libertario Danny Vargas. Esta nueva iniciativa incluye varias reformas a la ley que establece la creación del gobierno espacial en Costa Rica, el cual fue planteado en su momento por Aida Montiel durante el primer período legislativo, aunque hasta ahora no se ha implementado de manera efectiva.
La propuesta de Vargas tiene como objetivo realizar cambios significativos con el fin de que la Agencia Espacial de Costa Rica (AEC) comience a funcionar de manera efectiva lo más pronto posible. Tras recibir la opinión favorable, el documento ahora se enviará al Ministerio Público (MP), pero es probable que regrese a la Comisión para revisar las propuestas pertinentes a través del Artículo 137, antes de que se lleve a cabo la votación en el primer debate.
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Algunos cambios
En el contexto de esta revisión, la tarea del subdirector de libertades ha generado algunas enmiendas o mejoras a la Ley de Creación de la Agencia Espacial. Entre estas se encuentra un punto que ha sido objeto de críticas: la elección del Secretario General de la agencia, ya que los requisitos establecidos son considerados excesivamente altos para los candidatos potenciales.
En consecuencia, el artículo 8 se modifica para incluir dos nuevos párrafos. Según el texto de la iniciativa, la Comisión estará compuesta por un funcionario de tiempo completo que tenga derechos exclusivos al cargo. «También se especifica que la Comisión podrá ser contratada de forma excepcional por un período de un año», añade el texto.
Adicionalmente, se han propuesto cambios que buscan que la persona designada para ocupar este cargo cuente con más de 10 años de experiencia laboral en posiciones relacionadas con empresas u organizaciones que operen a nivel internacional, así como un mínimo de tres años en funciones similares. También se ha revisado la exigencia de poseer un doctorado, permitiendo que «la persona que asuma este cargo cuente con habilidades en los campos de las ciencias naturales o técnicas», lo cual abre el espectro de posibles candidatos.
En el artículo 9, se retira la exigencia de que el candidato tenga publicaciones académicas previas como requisito para postularse. Otros cambios significativos en la legislación incluyen la eliminación del capítulo que establecía que la agencia debería estar situada en Guanacaste, permitiendo así que la agencia pueda ubicarse en cualquier lugar del territorio costarricense.
