Randall Zúñiga, quien funge como director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), ha comunicado su respuesta a la reciente decisión de veto emitida por el Gobierno de la República. Este veto está relacionado con un proyecto de ley que busca establecer nuevas condiciones de pensión para los agentes del OIJ, permitiéndoles jubilarse a los 55 años tras haber cumplido 30 años de servicio. Es un cambio que podría impactar significativamente la estructura de pensiones en el sector judicial.
Durante la tarde, la ministra de planificación, Marta Esquivel, junto a Alejandro Barrantes, viceministro del Presidente, arribaron a la Asamblea Legislativa con la finalidad de presentar formalmente este veto. Para que dicho veto pueda ser superado y el proyecto de ley aprobado, se requerirán por lo menos 38 votos de los legisladores, una tarea que no es sencilla en el ambiente político actual.
Zúñiga subrayó la importancia del apoyo legislativo que recibió anteriormente, destacando que en una discusión anterior, el proyecto consiguió el respaldo de 40 votos. Con ello, espera que la misma cantidad de apoyo se logre en esta nueva votación que contemplará el registro del proyecto.
«Confiamos en que, en la misma sesión legislativa, se considere nuevamente este proyecto de ley. Lo que necesitamos es el compromiso continuo de los diputados y diputadas, quienes han mostrado su apoyo en procesos previos,» afirmó Zúñiga el martes por la noche.
Diferencias en la Justificación
El gobierno, argumentando en contra del proyecto, sostiene que la implementación de estas pensiones podría resultar insostenible a la luz de las proyecciones del comité de pensiones del poder judicial. Sin embargo, Zúñiga refutó esta afirmación, colocando sobre la mesa un informe actuarial reciente que muestra una solvencia del 97% del fondo de pensiones, un dato que contrasta fuertemente con los niveles de solvencia reportados anteriormente.
«Esta cifra es notablemente superior a la que teníamos hace dos meses, cuando se reportó una solvencia del 84%. Ese dato era parte de un estudio actuarial de 2020, el último disponible en aquel momento,» especificó Zúñiga.
Adicionalmente, defendió la propuesta afirmando que el sistema de pensiones de los agentes del OIJ es más sólido que el de otros servidores públicos. Zúñiga hizo hincapié en que los activos en esta área son hasta tres veces más que en otros sectores gubernamentales.
«Es crucial destacar que muchos servidores públicos que se están jubilando actualmente se ven forzados a abandonar su derecho a cobrar pensiones debido a incapacidades, viajes o circunstancias inesperadas. En el caso particular de los funcionarios judiciales del OIJ, al momento de retirarse, siguen contribuyendo con un 13% de su salario al fondo de pensiones,» explicó.
Es relevante también que el veto presentado hoy ante el Congreso, que tiene un total de 319 páginas, incluye una exhaustiva evaluación actuarial del Fondo de Jubilación y Pensiones del Judicial para el año 2024.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, había advertido que esta iniciativa estaría sujeta a veto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Defensa del Interés Público
Por otro lado, el presidente Rodrigo Chaves había señalado semanas atrás que se opone a la ley, indicando que su veto sería en defensa del interés público. Su justificación principal radica en el hecho de que no es sostenible ofrecer pensiones a una edad tan temprana como 55 años, sugiriendo que esto podría perjudicar a futuros jubilados. Esta opinión le generó comparaciones con los agentes de policía, quienes enfrentan situaciones de trabajo que, a juicio del presidente, son más peligrosas.
«Es innegable que los agentes de policía se enfrentan a riesgos diferentes y mayores que los funcionarios judiciales. Ellos tienen que cargar con equipos pesados y enfrentan situaciones de estrés en su labor diaria,» argumentó Chaves, refiriéndose a casos específicos de agentes que pasan largas jornadas laborales.
Ante estas afirmaciones, Zúñiga respondió que los agentes del OIJ cumplen con horarios que también son demandantes en comparación con otras fuerzas del orden. Detalló que, de hecho, los agentes del OIJ acumulan cerca de 3,000 horas al año, en contraste con otros cuerpos policiales que rondan entre 2,000 y 2,244 horas.
De este modo, defendió la propuesta de permitir que se reconozca el servicio de 30 años, argumentando que, considerando las exigencias de su trabajo, deberían poder jubilarse a los 45 años, dado que sus jornadas de labor son, en promedio, de 12 horas al día, mientras que en otros sectores públicos se estilan jornadas de 8 horas.
En respuesta a estas controversias, el ejecutivo argumenta que el veto responde a preocupaciones sobre:
- Posibles violaciones a la igualdad bajo la ley.
- Lesiones a principios de razonabilidad y justicia.
- Riesgos para la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema.
Es importante destacar que la propuesta inicial fue presentada en 2021 por el subdirector general Dragos Dolanescu y más tarde fue impulsada por la diputada libertaria Alejandra Larios durante el actual período constitucional.
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