Este miércoles, el nuevo veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, llegó a la Asamblea Legislativa, un desarrollo que ha capturado la atención de diversos sectores del país. Este veto no es un caso aislado, ya que refleja la postura del presidente en relación con la legislación que se presenta en el ámbito jurídico y la implementación de políticas públicas.
En esta ocasión, el proyecto objeto del veto se presentó bajo el documento 24,495 y tiene como objetivo la ampliación de un plan adicional destinado a la ejecución de ataques judiciales. La importancia de este proyecto radica en su potencial impacto en la forma en que se manejan los procedimientos judiciales y los derechos fundamentales de los ciudadanos en el país.
El 29 de abril, el proyecto fue aprobado en un segundo debate. La decisión formal sobre el veto se emitió el 9 de mayo, en cumplimiento de los plazos establecidos por la constitución política, los cuales estipulan un período de diez días para la acción del presidente. Esto también pone de manifiesto la importancia que la administración Chaves le otorga a la rapidez en la respuesta legislativa.
Entre los argumentos presentados por el presidente, y específicamente por la subdirectora general de libertad, Monserrat Ruiz, se destaca la preocupación marcada por «implicar procedimientos significativos». Ella menciona que esta legislación podría influir negativamente en el derecho constitucional a la privacidad del domicilio legal, además de afectar otros principios constitucionales fundamentales para la protección de los ciudadanos, algo que todos deberíamos tener en consideración.
Los opositores al proyecto también señalan que el texto reconocido crea un ambiente de incertidumbre. Así, el proyecto sugiere, por un lado, que se autorizan ataques judiciales las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin embargo, por otro lado, estipula que es necesario abandonar la emergencia que justificaba estas medidas, lo que genera confusión sobre el procedimiento a seguir.
En este contexto, resulta preocupante que un abogado pueda sentirse protegido por la mencionada autorización general, pero se enfrente a la incertidumbre de que un juez podría validar un ataque en un día considerado no urgente, lo que podría cuestionar la validez de la recopilación de pruebas y, por ende, la estabilidad del procedimiento legal.
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La tarea
El proyecto en consideración y que ha sido aprobado en dos discusiones busca modificar el Artículo 193 del Código Penal, lo cual es significativo para la evolución del sistema judicial en el país. Este artículo, reformulado, establece lo siguiente:
«193.»
Además, se prescribe que la orden del juez para practicar una búsqueda debe ser más ágil. Según el texto reconocido, cuando un juez emite una orden de búsqueda, tendrá un plazo determinado para dar respuesta a la solicitud que se le presenta.
– En casos de procesamiento normal, el tiempo máximo para emitir resolución será de hasta tres días calendario.
– En procesos que correspondan a declaraciones de procedimientos especiales, como el crimen organizado o aquellos de procesamiento más complejo, el plazo se extiende hasta cinco días calendario.
Actualmente, las operaciones judiciales se limitan a realizarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, excluyendo festivales y días festivos, lo que limita a las autoridades en cuanto a la fluctuación de sus tiempos y procedimientos.
Este proyecto ha conseguido el apoyo de 34 suplentes, aunque cabe mencionar que la clase pública se mostró en contra, reflejando un desacuerdo significativo entre los diferentes sectores de la Asamblea Legislativa.
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Monserrat Ruíz, Diputado PLN, presentó el proyecto. (Asamblea legislativa)
Cuatro veto
Con este veto, el presidente Rodrigo Chaves suma ya un total de cuatro en lo que va de su mandato, lo que ha generado un debate constante sobre su enfoque con respecto a las políticas públicas y su relación con el legislativo. En febrero, se dieron dos vetos significativos: uno referente a la instauración de vuelos de bajo costo hacia América Central, que afectó los precios de los boletos para la ciudadanía, y otro que establecía límites para el control de la ley aprobada en el Parlamento, así como las sanciones para aquellos en la jerarquía que no cumplieran con los plazos establecidos.
Un veto adcional se presentó recientemente, el cual se dirigía a un proyecto que permitía a la pensión del Defensor del Pueblo ser administrada por el Instituto de Investigación (OIJ). Este cúmulo de decisiones legislativas pone en evidencia las tensiones existentes entre la administración Chaves y otros sectores del gobierno, así como su enfoque en la normativa vigente.
