El gobierno de la república anunció el miércoles que vetará la ley sobre ejecución de penas que los diputados están a punto de aprobar en segunda lectura.
Se trata del expediente 24.019 que surgió como una propuesta del poder judicial y fue presentado hace más de dos años con la firma del presidente del Legislativo, Rodrigo Arias.
Luego de más de dos años y tres meses de deliberación en el parlamento, la propuesta fue aprobada este lunes por mayoría, con los votos de 32 diputados de Libertad Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Nueva República, el Partido Progresista (PLP) y un grupo de independientes.
Votaron en contra 7 legisladores del oficialismo y la independiente Leslye Bojorges, ahora cercana al chavismo.
La votación en segundo debate está prevista para el jueves 19 de febrero. De ser votada a favor, pasará a la Casa Presidencial para la firma o veto del Presidente.
La iniciativa incluye una garantía para los condenados de que la ejecución de su pena se llevará a cabo a través de un sistema técnico regulatorio donde las instituciones sean lo suficientemente independientes para aplicar medidas técnicas y objetivas.
Lo que dice el gobierno
El secretario de Justicia, Gerald Campos, describió el progreso de la iniciativa como una «instantánea» del poder judicial y el legislativo.
Agregó que el texto aprobado era para «legalizar el proxeneta que estamos viendo hoy donde los jueces de ejecución seguirán teniendo control y liberando a las personas sin tener criterios técnicos», dijo Campos.
Consultado por Rodrigo Chaves, el Ministro dijo que ya trabaja en un posible veto, una vez que el proyecto sea aprobado en segundo debate y notificado a Palacio Presidencial. De ahí, quedan 10 días hasta la decisión del presidente.
«Qué triste», dijo Chaves, insinuando intereses económicos en las decisiones de los jueces.
«Tiene que haber algo que le dé al poder judicial un gran incentivo para tener algo tan fuera del marco legal (…) ese poder es de gran valor», añadió.
Campos cuestiona que un juez en Alajuela tenga autoridad sobre más de 9.000 presos, incluidos los que se encuentran en confinamiento intensivo.
También cuestiona si un juez único puede revocar una decisión de sentencia dictada por un tribunal de tres jueces.
Lo que dice el texto
«El objetivo último de la ejecución de la pena debe ser incorporar al castigado de la forma más eficaz a la sociedad civil», dice el texto.
El proyecto de ley incluye los siguientes elementos:
- Define los principios rectores que se aplican a las actuaciones en la fase de ejecución de la sentencia.
- Describe los derechos y obligaciones de las personas condenadas, proporcionando un marco de seguridad jurídica.
- Desarrollo del papel del sistema penitenciario como base del Ministerio de Justicia y Paz, que realiza tareas de seguimiento y control para la implementación efectiva de las sanciones penales.
- También prevé un procedimiento ad hoc que pueda responder a las diversas gestiones y solicitudes de las partes, así como a las funciones de supervisión que deben realizar los jueces respecto de las penas de prisión.
«Es una necesidad del país combatir el crimen organizado. No es una amenaza, sino una legítima defensa a nivel de ejecución de la pena», afirmó la diputada Gloria Navas.
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No lo dejemos al azar
Otro debate sobre el proyecto está previsto para el próximo jueves 19 de febrero y una vez aprobado sólo quedará esperar la firma del Presidente de la República y su publicación para comenzar.
En definitiva, lo que propone el proyecto es un “sistema de seguimiento con base jurídica para gestionar la ejecución de las sentencias.
«Para que no sea competencia de las autoridades políticas sino que se rija por principios y reglas claras garantizar que las sanciones penales se sigan con un enfoque rehabilitador, que asegure que el proceso respete los derechos constitucionales y contribuya a la integración social de los condenados y que también cumpla con los objetivos de reducir la reincidencia y mejorar la seguridad de los ciudadanos».
Se incorporan los derechos y obligaciones de los sujetos de la sanción, lo que proporciona mayor seguridad jurídica que en la actualidad, porque se realiza mediante circulares:
- Reformas en el ámbito de la aplicación de la ley
- Reforma del cambio o retirada del acuerdo modificado para una mejor delimitación
- Reformas en las actividades del Comité Disciplinario
- Mejoras en las medidas de seguridad médica
