La reciente sesión legislativa ha resultado en la aprobación de un conjunto de leyes que buscan sancionar severamente a aquellos que, de manera ilegal, introducen teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica. Esta medida ha sido respaldada por una votación en la que participaron 42 suplentes, y se refiere al primer documento de debate 24,162, que ha sido ampliamente comentado por sus implicaciones en la seguridad penitenciaria y la lucha contra el crimen organizado.
El proyecto de ley fue presentado por la autoridad ejecutiva y ha estado en la agenda legislativa desde octubre del año pasado. A lo largo del proceso, la iniciativa pasó por cinco intentos de votación en los cuales hubo un rechazo, lo que finalmente llevó a que se votara por el fondo. Esto marca un importante paso hacia la regulación y control de los accesos a tecnologías prohibidas dentro de los recintos carcelarios, donde la seguridad se ha visto comprometida en múltiples ocasiones.
La propuesta establece una pena de prisión que oscila entre dos y cuatro años para aquellos individuos que se vean involucrados en la introducción no autorizada de teléfonos móviles y otros equipos de comunicación en estos centros. Este aspecto del texto ha sido detallado en la normativa aprobada por el Parlamento:
«Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión, lo que, sin ser legal o regulatoria por esto, posee, presenta, facilita o compra de cualquier manera que la entrada a una institución criminal de acciones cerradas, teléfonos móviles, satélites u otros equipos de comunicación, sus componentes técnicos, y las tarjetas SIM».
En Costa Rica, el problema de los fraudes y amenazas generados a través de llamadas realizadas desde los teléfonos que, de manera ilegal, se introducen en las cárceles, ha crecido de manera alarmante. Es común que los prisioneros, con la ayuda de cómplices externos, utilicen estos dispositivos para llevar a cabo actividades delictivas, lo que ha convertido a muchos ciudadanos en víctimas de estafas.
Con la implementación de esta ley, se espera que la penalización sea un fuerte disuasivo. Aquellos que anteriormente no enfrentaban consecuencias legales por este tipo de acciones ahora podrían ser sancionados. Además, se establece que la pena podría incrementar en un tercio en casos donde los responsables sean funcionarios públicos o proveedores de servicios, así como abogados que excedan los límites de su profesión al facilitar estas entradas ilegales.
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(Foto /Ministerio de Justicia y Ministerio de Paz)
