La controversia en torno a la reforma constitucional y su potencial para permitir la realización de un referéndum sobre las pensiones de lujo ha generado una gran conmoción en el ámbito político. Pilar Cisneros, quien ocupa el cargo de oficial adjunto del fallo, no pudo ocultar su molestia tras la negativa a avanzar con el proyecto. «La reforma constitucional fue propuesta precisamente para abordar la cuestión de un referéndum y la abrogación de estas pensiones, sobre todo las que se consideran un ‘lujo’. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido avanzar», expresó enfadada.
Una de las modificaciones clave que se intentó implementar fue la del artículo 105 de la constitución política, conocida como «Deceto». Este cambio tenía como objetivo otorgar poder a los ciudadanos para decidir si estas pensiones deberían mantenerse o ser eliminadas por completo.
El Observador informó que, a pesar de las intenciones, el proyecto se encontró con una fuerte resistencia que impidió su avance en la legislación. Este miércoles, el proceso legislativo concluyó con la tercera lectura del documento y la votación sobre la acción, la cual podría haber dado lugar a la creación de un comité legislativo para examinar el proyecto y hacer recomendaciones al Parlamento sobre la viabilidad de continuar con la iniciativa.
A pesar de la relevancia del tema, la ciencia solo obtuvo un respaldo de 16 votos a favor en comparación con los 25 en contra, lo que significó la muerte del proyecto. «La lista va al archivo», anunció Carlos Felipe García, quien actúa como presidente interino del Parlamento, además de ser el secretario de la Legislatura.
Los partidos que apoyaron la reforma fueron Pusc y la Nueva República, mientras que se opusieron el PLN, Frente Amplio, PLP y varios suplentes independientes. Este rechazo ha dejado en claro las divisiones políticas sobre el tema, lo que sugiere que se requieren más esfuerzos para encontrar un consenso legal.
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Cisneros, líder del partido en el poder, durante una sesión legislativa donde presentó reformas constitucionales para facilitar la realización de un referéndum sobre las pensiones. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Un monto millonario
Desde la perspectiva de Cisneros, la decisión de no continuar con este proceso legislativo equivale a «robar» 265,000 millones de colones. «Si realmente hacemos honor a la constitución y a la ley, que establece que todos somos iguales ante la ley, no debería existir un espacio para las pensiones de lujo», afirmó con firmeza.
El costo anual de estas pensiones es de 265 mil millones, dinero que, según ella, se podría destinar a inversiones en infraestructura, educación, seguridad y becas. La situación es alarmante, ya que estos recursos son vitales para el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
El jueves, durante una discusión sobre otra iniciativa legislativa destinada a aumentar los fondos para la construcción o reparación de puentes, Cisneros utilizó la oportunidad para reiterar su postura respecto a este asunto. Subrayó que es inaceptable mantener tales sumas que beneficiarán a personas que no las merecen, en lugar de invertir en el bienestar general de la población.
La decisión final de la votación cerró las puertas a las reformas previstas desde abril de 2023, enterrando nuevamente la reforma en el ámbito legislativo y dejando sin respuesta las inquietudes de muchos ciudadanos que esperaban un cambio significativo.
