La Corte Suprema, con motivo de las próximas elecciones, ha emitido una orden muy específica dirigida al Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Esta orden estipula que no se debe implementar ninguna variación en el modelo y la concesión de frecuencias de transmisión hasta que se celebren las elecciones electorales.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha expresado que cualquier modificación en las frecuencias de transmisión podría afectar gravemente el funcionamiento de varias estaciones de radio. Este hecho es preocupante, ya que podría dar lugar a que algunas de estas estaciones dejaran de operar, o que sus condiciones de funcionamiento se vieran alteradas de manera significativa. La consecuencia directa de esta situación sería un debilitamiento en el acceso de los votantes a la información pertinente sobre el desarrollo de las elecciones políticas, que son cruciales para el ejercicio de la democracia.
El TSE sostiene que el ejercicio del sufragio (cuando se realiza de manera adecuada) está intrínsecamente relacionado con el derecho a la información. Este último, a su vez, se considera esencial para una participación efectiva en los procesos electorales. Para ello, es fundamental asegurar un pluralismo informativo, lo que implica que los diferentes grupos políticos puedan acceder a una variedad de medios para difundir sus ideas y propuestas. Esta diversidad también beneficia a los ciudadanos, quienes deben poder recibir y conocer múltiples perspectivas y opciones antes de ejercer su derecho al voto.
Un principio similar motivó que el TSE emitiera la resolución no. 5704-E8-2017, en fecha 8 de septiembre de 2017, en la que se advertía a Micitt, durante el mandato del entonces presidente Luis Guillermo Solís, sobre las potenciales repercusiones que podría acarrear la transición tecnológica hacia la televisión digital. En ese momento, se resaltó que dicha transición no debía resultar en la desposesión de los ciudadanos de su acceso a señales de televisión gratuita, cruciales durante el periodo electoral.
Adicionalmente, dicha resolución del TSE incluyó otras tres razones que justifican la cautela ante cualquier cambio en las frecuencias. Se mencionó el impacto negativo que estos cambios podrían acarrear en la equidad competitiva, en la operación del sistema de financiamiento público y sobre las opciones disponibles para el TSE para comunicarse con la ciudadanía durante el proceso electoral. Esto incluye el uso de la media hora gratuita que las estaciones de radio deben proporcionar para fines informativos.
Los magistrados del TSE recordaron que su competencia está limitada a los aspectos organizativos, de dirección y supervisión de los procesos electorales. Esto implica que su preocupación se centra únicamente en los efectos que podría generar un cambio en las frecuencias durante las elecciones de febrero de 2026, sin entrar en la validez legal, la facilidad o la oportunidad de otorgar dichas frecuencias.
Por lo tanto, explicaron que el proceso abierto por el MICITT puede continuar, lo cual incluye extensiones, renovaciones o premios que correspondan según la ley; sin embargo, su implementación se pospondrá hasta que se realicen las elecciones y se declaren a las nuevas autoridades elegidas.
En una rueda de prensa llevada a cabo el miércoles, el presidente Rodrigo Chaves advirtió sobre la posibilidad de un «apagón» en las señales de radio y televisión en el país. Esto ocurriría si los delegados no aprueban, para septiembre, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone una modificación en el cálculo del monto que los franquiciados deben abonar como impuesto anual por la transmisión.
El presidente también indicó que no se ampliará la extensión de 15 meses que su administración otorgó en junio de 2024, relacionada con la validez de los accesos a las frecuencias de transmisión. Dicha validación se entregó el 28 de junio. Por lo tanto, si no se produce ninguna actualización, se procederá a desconectar las frecuencias implicadas.
El proyecto relacionado con esta problemática se encuentra actualmente bajo revisión por la Comisión de Gobierno y Administración, que es encabezada por el Diputado Fabricio Alvarado, del Partido de la Nueva República (PNR).
