Luego del ejercicio del poder de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves sobre la ley que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa, destinada a fortalecer la pensión del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los suplentes expresaron sus opiniones al respecto.
Este nuevo veto ha generado lamentos entre los legisladores, quienes han asegurado que no se rendirán y que continuarán trabajando para regularizar este proyecto, logrando así que se convertirá en ley de la República.
Desde la liberación del país, se han escuchado diversos puntos de vista dentro del ámbito legislativo. Oscar Izquierdo, el líder de la clase, afirmó: «Desafortunadamente, la posición del Secretario y del Presidente tiene fundamentos. Este proyecto de ley estaba bien sustentado, con argumentos legales y numéricos que demostraron que era viable y que debería haber sido aprobado».
Izquierdo enfatizó la importancia de reconocer el trabajo de los funcionarios del OIJ, indicando que «ellos son quienes cumplen un papel fundamental en la vida cotidiana de los costarricenses, y no debemos olvidar la justicia que merecen. Vamos a buscar los votos necesarios para darle impulso a esta ley».
De igual manera, Alejandra Larios, quien también ha sido parte activa en el debate legislativo, resaltó la legalidad y el sentido de justicia del proyecto. «Aún mantengo la convicción de que este esfuerzo es completamente legal y justo; evidentemente, buscaremos los votos necesarios para su restauración», mencionó, expresando su confianza en que contarán con el apoyo necesario.
Para que el proyecto, que fue impulsado desde la casa presidencial, pueda ser restaurado se requiere un mínimo de 38 votos. Es importante recordar que la propuesta había sido aprobada en un segundo debate con 40 votos a favor.
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«Revanchismo»
En la misma línea, Monserrat Ruiz expresó que la decisión del presidente Chaves de usar su poder de veto contra este proyecto parece tener tintes de «contenido revanchista».
Ruiz observó: «Parece que la intención detrás de esta acción es una forma de venganza por parte del Presidente de la República contra el sistema judicial. No es casual que sus discursos y acciones apunten a los partidos que lo están investigando, particularmente el ministerio público y el OIJ, que están indagando sobre múltiples casos de corrupción que involucran al presidente y a varios ministros».
Asimismo, Ruiz recordó que «este gobierno ha acumulado una serie de vetos», añadiendo que parece que esta tendencia de recolectar restricciones en el ámbito legislativo seguirá.
Desde el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, activistas como Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro también lamentaron la decisión del presidente y reflexionaron sobre la posibilidad de continuar el esfuerzo legislativo. «Esto representa un obstáculo, pero no nos detendremos. La Constitución estipula que los agentes del OIJ tienen derecho a retirarse a la edad que se establece», comentó uno de los representantes del Frente Amplio.
Pacheco subrayó que «es una pena que el presidente no muestre apoyo hacia los oficiales del OIJ, quienes trabajan extensas horas durante días. Volveremos al Parlamento y abordaremos este asunto nuevamente para seguir el protocolo que se debe seguir. Apoyar a estos agentes es crucial», concluyó un político del Partido Social Cristiano.
Los funcionarios del OIJ respaldan la ley aprobada. (Archivo / la foto del observador)
El veto y el proyecto
Chaves, al ejercer su veto sobre el proyecto, mencionó «razones relacionadas con la oportunidad, la conveniencia y la gobernanza».
A través de un análisis exhaustivo del contenido del fallo, se llegó a la conclusión de que la norma contiene un severo error de gobierno que vulnera los principios del sistema de justicia, comprometiendo los derechos constitucionales”, indicó el documento dirigido al Parlamento.
Se mencionaron tres factores claves que se consideraron en la evaluación que llevó al veto:
- Infracciones en el principio de igualdad ante la ley.
- Violaciones a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
- Compromiso del principio de sostenibilidad financiera.
El objetivo de la propuesta es permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan acceder a su jubilación anticipada a los 55 años.
Para poder beneficiarse de estas primeras pensiones, los funcionarios del OIJ deben cumplir con ciertos requisitos, siendo el más importante haber trabajado al menos 30 años en la institución.
Esto les permitirá percibir pensiones equivalentes al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, ajustándose al índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo periodo, con tarifas recaudadas bajo los servicios gubernamentales.
El proyecto también contempla artículos específicos que detallan el procedimiento para llevar a cabo la jubilación anticipada en caso de no cumplir con los años requeridos.