Caracas, 13 de mayo.
El Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela ha emitido una contundente condena hacia la actitud generalmente percibida como parcial y cobarde del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Esta reacción se produce en el contexto de graves delitos reportados contra ciudadanos venezolanos que se encuentran en el extranjero. La declaración fue realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y refleja una profunda preocupación por la situación actual.
En la declaración, el gobierno venezolano acusa a Türk de permanecer en silencio en relación a las inquietudes que han sido planteadas directamente al presidente Nicolás Maduro acerca de la detención de 250 venezolanos que han sido enviados a una prisión en El Salvador. Este caso ha desatado una oleada de indignación, ya que se resalta la situación injustificable de la niña venezolana, Maiiklys Antonella Espinoza Bernal, quien fue retenida en los Estados Unidos sin justificación. A pesar de las múltiples denuncias sobre su situación, el Alto Comisionado ha mantenido un silencio inquietante, sin tomar la iniciativa para exigir su liberación.
Además, las autoridades de Caracas subrayan que la falta de acciones contundentes ante lo que califican de «crímenes» contra los derechos humanos pone de manifiesto una clara «negligencia y complacencia» hacia aquellos que cometen violaciones sistemáticas de los derechos de los venezolanos. En este sentido, el gobierno venezolano considera que las últimas declaraciones de Türk sobre la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador demuestran un «doble rasero inaceptable».
El gobierno de Maduro también ha hecho referencia a las alarmantes advertencias de los portavoces del Alto Comisionado, quienes señalaron que un grupo de venezolanos podría estar enfrentando situaciones de desaparición forzada en El Salvador. Esto se debe a la «incertidumbre total» acerca de su estatus y las condiciones en las que fueron deportados a este país centroamericano.
El mensaje del gobierno de Venezuela es claro: parece que el Alto Comisionado se encuentra más interesado en preservar su posición que en actuar diligentemente en defensa de los derechos humanos. La exigencia del gobierno es que el Alto Comisionado debe adoptar una postura firme y decidida, evitando cualquier ambigüedad en cuestiones tan críticas.
Por otro lado, las autoridades venezolanas han manifestado su intención de continuar exigiendo justicia y levantar la voz contra el uso político de sus migrantes, a quienes consideran «rehenes en una guerra». En un contexto más amplio, se recuerda que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en marzo para deportar a cientos de venezolanos en un periodo de 14 años, alegando su vinculación con el grupo criminal de Aragua y la falta de pasaporte o permisos de residencia estadounidense.
Mediante un acuerdo entre la administración de Trump y el gobierno de Nayib Bukele, muchos de estos venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, el gobierno de Caracas argumenta que estos individuos son migrantes comunes y denuncia esta acción como un «secuestro». Estas tensiones continúan reflejando la complicada y a menudo trágica realidad de los venezolanos que buscan oportunidades en el extranjero, enfrentando no solo incertidumbres económicas, sino también violaciones de sus derechos humanos en el camino. (Sputnik)
