El presidente Rodrigo Chaves ha tomado la decisión de vetar las leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa con el objetivo de reducir la edad de pensión para los miembros del Tribunal de Defensor del Pueblo de la Justicia (OIJ). Estas reformas permitirían a los funcionarios renunciar a los 55 años, algo que ha generado un intenso debate en el ámbito político y social.
Esta propuesta inicial fue introducida en el año 2021 por Donoulescu Adjunto CEO y promovida por la diputada libertaria Alejandra Larios durante este periodo. La situación ha levantado tanto apoyo como oposición, con diversas voces que abogan tanto por la defensa de los derechos de los trabajadores como por la sostenibilidad financiera del sistema.
El pasado 22 de abril, se aprobaron permanentemente 40 suplentes; sin embargo, este fallo fue objeto de controversia y recibió un voto en contra significativo. En seguimiento a esto, el martes pasado, el veto fue emitido directamente desde la oficina presidencial de la Casa, que aboga por «mejoras en las oportunidades, comodidades y estructuras organizativas».
El veto está documentado en un extenso informe de 319 páginas, que incluye una evaluación actuarial del Fondo de Jubilación y Pensiones del Judicial proyectada para 2024. En este documento, se argumenta que la norma contenía una serie de aspectos que representan un grave desbalance gubernamental, así como sanciones que podrían afectar la integridad del sistema judicial y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Según lo expuesto en el comunicado oficial, se identificaron tres factores clave que llevaron a la decisión de vetar la propuesta:
- Violaciones del principio de igualdad ante la ley.
- Transgresiones a los principios de razonabilidad y equidad.
- Contradicciones con el principio de sostenibilidad financiera.
Es importante señalar que Chaves ya había advertido con semanas de antelación que planeaba ejercer su derecho de veto, afirmando que su decisión sería en defensa del interés público, dado que la posibilidad de acceder a pensiones a los 55 años no es viable para la mayoría. En su comparecencia, intentó poner en perspectiva el trabajo y las circunstancias de los agentes de policía, haciendo una comparación con los agentes de OIJ.
El presidente subrayó que los riesgos enfrentados por los agentes de policía son significativamente altos, argumentando que se encuentran en situaciones más peligrosas en comparación con sus contrapartes en la corte, quienes pueden tener menos exigencias físicas, como subrayó con el ejemplo de Maynor Martínez, un oficial que recientemente dejó su puesto y ha cambiado sus días de rota.
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(Cortesía/Oficina Presidencial).
Lo que estaba buscando
Este proyecto de ley, en su principio, permitiría a los agentes del Instituto de Investigación Judicial fortalecer su jubilación, permitiéndoles acceder a beneficios desde los 55 años de edad. Sin embargo, para que los funcionarios de OIJ puedan beneficiarse de estas pensiones anticipadas, deben cumplir con ciertas condiciones, siendo la más importante tener al menos 30 años de trabajo en la organización.
El diseño permite utilizar retiros equivalentes al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, ajustados de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), lo que asegura que las pensiones reflejan el valor real en el tiempo. Además, el proyecto legislativo incluye artículos destinados a regular los términos de la jubilación anticipada en caso de que no se cumplan ciertos requisitos laborales necesarios.
El texto especifica lo siguiente:
«Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumple con el requisito de edad o años requeridos, pero antes de haber cumplido con treinta años en el servicio requerido, la jubilación no será proporcional a los años laborados, siempre que se haya servido por un mínimo de años establecidos.» Se establece que la cantidad a pagar se multiplicará por el número de años trabajados y el resultado será dividido en treinta, asegurando así la equidad en el proceso.»
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